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America Central

 
  Nueva investigación por muerte de ministro guatemalteco
   
  La muerte aparentemente accidental de quien fuera primer ministro de Gobernación en el equipo del presidente Alvaro Colom será nuevamente investigada.

Ahora le tocará el turno a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciar su pesquisa sobre lo que realmente pasó a Vinicio Gómez, cuyo helicóptero se estrelló el 27 de junio de 2008.

La viuda del entonces titular de la cartera del Interior, Alba Trejo, aseguró a periodistas que la CICIG retomará el caso e intentará determinar si aquel hecho fue provocado o no, como se sospecha.

De acuerdo con Trejo, la CICIG analiza el expediente elaborado por los primeros investigadores del incidente.

Recientemente la encargada Fiscalía de Delitos contra la Vida, del Ministerio Público, anunció haber recibido un informe de la compañía que realizó el peritaje de los restos de la nave en el cual asegura el perfecto estado de su motor.

La caída del helicóptero ocurrió en una zona del central departamento de Baja Verapaz y sus cuatro ocupantes perecieron, incluidos un viceministro de Gobernación, el piloto y el copiloto.
 
  Parlamento nicaragüense recesa sin elegir a funcionarios
   
  La Asamblea Nacional de Nicaragua inició un receso legislativo de un mes, pero aún continúa pendiente la elección de unos 25 magistrados y altos funcionarios de los principales poderes del Estado.

En la última reunión plenaria del primer período de sesiones de este año, efectuada la víspera, el parlamento aprobó en su totalidad la nueva ley de seguros y reaseguros y un crédito del Banco Mundial por 39,3 millones de dólares para la rehabilitación de caminos y carreteras en diversos departamentos del país.

Asimismo, los diputados aprobaron la entrada al país de 25 militares estadounidenses que vendrán a renovar los laboratorios de inglés y computación de una escuela del Ejército, y el ingreso a un puerto del Caribe nicaragüense del buque médico Iwo Jima, del Comando Sur de las fuerzas Armadas de Estados Unidos, que prestará atención médica a la población de esa zona.

En total, durante el primer semestre, el parlamento aprobó 17 leyes, cuatro resoluciones y varios decretos relativos a créditos externos por un monto de 87,2 millones de dólares, según informó el presidente de la Asamblea, el diputado sandinista René Núñez, al clausurar ayer el período de sesiones legislativas.

Núñez calificó de positivo el balance del trabajo realizado en el hemiciclo pese al boicot de la oposición, mientras el vicejefe de la bancada sandinista, José Figueroa, consideró que a pesar de la paralización provocada por los diputados liberales, los últimos tres meses fueron de intenso trabajo.

Lo cierto es que el parlamento sólo pudo comenzar a trabajar con relativa normalidad después que la bancada sandinista, con 38 curules, logró conseguir los apoyos de otros legisladores para completar el mínimo de 47, cifra que posibilitó romper el boicot opositor y permitir el funcionamiento de la Asamblea.

Sin embargo, no se han conseguido aún acuerdos para la ratificación o renovación de los magistrados y funcionarios que integran el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Contraloría General de la República (CGR), la Superintendencia de Bancos y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobierna con mayoría relativa en el Parlamento, está obligado a negociar con las otras fuerzas políticas presentes en el hemiciclo y a ceder cuotas a esas formaciones en los principales poderes del Estado.

La oposición, por su parte, rehusa la renovación de numerosos miembros actuales de algunas de esas instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado, principalmente los del Consejo Supremo Electoral, a los que acusa de supuestos fraudes en las elecciones municipales del 2008 y en las regionales efectuadas en marzo de este año.

También impugna a los sandinistas que integran la Corte Suprema de Justicia por un dictamen emitido a finales del pasado año que abre las puertas a la reelección al presidente Daniel Ortega y de otros funcionarios elegidos por votación popular, decisión que califica de insconstitucional.

Como medida de presión, las fuerzas opositoras representadas en el Parlamento se negaron a inscribirse en el hemiciclo durante gran parte del semestre, lo que de hecho paralizó el trabajo legislativo.

Desde hace varias semanas se desarrollan negociaciones bajo cuerda entre los sandinistas y las restantes fuerzas políticas -aunque la oposición lo niega- para llegar a acuerdos que permitan la ratificación o renovación de los miembros de eseos poderes, pero de lograrse, deberá ser a partir del 16 de agosto próximo, cuando la Asamblea reanude el trabajo legislativo.

Lo más probable es que esas negociaciones continúen a pesar del receso legislativo, en un escenario en el que la oposición teme que los sandinistas consigan por sí solos los 56 votos necesarios sin tener que hacer concesiones a otras fuerzas políticas.
 
  Panamá: Los culpables de la crisis

 

  El primer año de gobierno del presidente Ricardo Martinelli en Panamá llegó seguido de un estallido social en la provincia de Bocas del Toro, cuyas causas apuntan a medidas antipopulares del ejecutivo.

Diez días de enfrentamientos entre obreros bananeros y unidades antimotines terminaron con un saldo oficial de dos muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones en la vista debido a los perdigones utilizados por la policía.

Mientras, dirigentes del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) indicaron que sus cifras apuntan a seis víctimas fatales, entre ellas tres menores.

Al intentar una explicación del conflicto, el gobierno mencionó la participación de fuerzas ajenas al sector del banano que se dedicaron a estimular a los trabajadores para lanzarlos a la calle y crear tensiones en la ciudad de Changuinola.

Otro de los argumentos oficiales apunta precisamente al PRD, para lo cual las autoridades se apoyan en una grabación de uno de los líderes de ese colectivo donde supuestamente exhorta a los manifestantes a mantenerse en las calles.

En sus intervenciones relacionadas con los hechos, Martinelli también incluyó entre los responsables al Sindicato de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS).

Sin embargo, los principales reclamos de las organizaciones sindicales buscan la derogación de la ley de aviación -también llamada Ley 30-, sancionada por el ejecutivo hace unas semanas a pesar del rechazo generalizado que encontró en la sociedad panameña.

Para los analistas, esa normativa fue precisamente la causa principal de la huelga en Bocas del Toro, si bien desde el gobierno se señala que los cuestionamientos a la misma obedecen a su escasa divulgación.

Presentada inicialmente como un instrumento a favor de la actividad aeronáutica, la norma incluyó finalmente cambios a tres códigos (Laboral, Penal y Judicial) y seis leyes orgánicas del país.

Entre los puntos mas criticados esta la eliminación de la obligatoriedad en el pago de la cuota sindical, unido a medidas que atentan contra el derecho a huelga.

Asimismo, se retira el requisito de estudios de impacto ambiental para aquellos proyectos que sean declarados de interés del estado, entre otros aspectos.

El estallido en Changuinola llevó a un acuerdo entre el gobierno y los obreros para la suspensión por 90 días de tres de los artículos de la ley, sin que ello implique su eliminación.

Al respecto, Martinelli descartó cualquier posibilidad de derogar la normativa, lo cual constituye la principal demanda de los gremios sindicales, grupos ambientalistas, estudiantes e indígenas, entre otros sectores.

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