Web con noticias internacionales, clasificadas por temas
Radio en línea
America Central
Nueva investigación por muerte de ministro guatemalteco
La muerte aparentemente accidental de quien fuera primer
ministro de Gobernación en el equipo del presidente Alvaro Colom
será nuevamente investigada.
Ahora le tocará el turno a la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciar su pesquisa sobre lo que
realmente pasó a Vinicio Gómez, cuyo helicóptero se estrelló el
27 de junio de 2008.
La viuda del entonces titular de la cartera del Interior, Alba
Trejo, aseguró a periodistas que la CICIG retomará el caso e
intentará determinar si aquel hecho fue provocado o no, como se
sospecha.
De acuerdo con Trejo, la CICIG analiza el expediente elaborado
por los primeros investigadores del incidente.
Recientemente la encargada Fiscalía de Delitos contra la Vida,
del Ministerio Público, anunció haber recibido un informe de la
compañía que realizó el peritaje de los restos de la nave en el
cual asegura el perfecto estado de su motor.
La caída del helicóptero ocurrió en una zona del central
departamento de Baja Verapaz y sus cuatro ocupantes perecieron,
incluidos un viceministro de Gobernación, el piloto y el
copiloto.
Parlamento nicaragüense recesa sin elegir a funcionarios
La Asamblea Nacional de Nicaragua inició un receso legislativo
de un mes, pero aún continúa pendiente la elección de unos 25
magistrados y altos funcionarios de los principales poderes del
Estado.
En la última reunión plenaria del primer período de sesiones de
este año, efectuada la víspera, el parlamento aprobó en su
totalidad la nueva ley de seguros y reaseguros y un crédito del
Banco Mundial por 39,3 millones de dólares para la
rehabilitación de caminos y carreteras en diversos departamentos
del país.
Asimismo, los diputados aprobaron la entrada al país de 25
militares estadounidenses que vendrán a renovar los laboratorios
de inglés y computación de una escuela del Ejército, y el
ingreso a un puerto del Caribe nicaragüense del buque médico Iwo
Jima, del Comando Sur de las fuerzas Armadas de Estados Unidos,
que prestará atención médica a la población de esa zona.
En total, durante el primer semestre, el parlamento aprobó 17
leyes, cuatro resoluciones y varios decretos relativos a
créditos externos por un monto de 87,2 millones de dólares,
según informó el presidente de la Asamblea, el diputado
sandinista René Núñez, al clausurar ayer el período de sesiones
legislativas.
Núñez calificó de positivo el balance del trabajo realizado en
el hemiciclo pese al boicot de la oposición, mientras el
vicejefe de la bancada sandinista, José Figueroa, consideró que
a pesar de la paralización provocada por los diputados
liberales, los últimos tres meses fueron de intenso trabajo.
Lo cierto es que el parlamento sólo pudo comenzar a trabajar con
relativa normalidad después que la bancada sandinista, con 38
curules, logró conseguir los apoyos de otros legisladores para
completar el mínimo de 47, cifra que posibilitó romper el boicot
opositor y permitir el funcionamiento de la Asamblea.
Sin embargo, no se han conseguido aún acuerdos para la
ratificación o renovación de los magistrados y funcionarios que
integran el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), la Contraloría General de la República (CGR), la
Superintendencia de Bancos y la Procuraduría de los Derechos
Humanos.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobierna
con mayoría relativa en el Parlamento, está obligado a negociar
con las otras fuerzas políticas presentes en el hemiciclo y a
ceder cuotas a esas formaciones en los principales poderes del
Estado.
La oposición, por su parte, rehusa la renovación de numerosos
miembros actuales de algunas de esas instituciones fundamentales
para el funcionamiento del Estado, principalmente los del
Consejo Supremo Electoral, a los que acusa de supuestos fraudes
en las elecciones municipales del 2008 y en las regionales
efectuadas en marzo de este año.
También impugna a los sandinistas que integran la Corte Suprema
de Justicia por un dictamen emitido a finales del pasado año que
abre las puertas a la reelección al presidente Daniel Ortega y
de otros funcionarios elegidos por votación popular, decisión
que califica de insconstitucional.
Como medida de presión, las fuerzas opositoras representadas en
el Parlamento se negaron a inscribirse en el hemiciclo durante
gran parte del semestre, lo que de hecho paralizó el trabajo
legislativo.
Desde hace varias semanas se desarrollan negociaciones bajo
cuerda entre los sandinistas y las restantes fuerzas políticas
-aunque la oposición lo niega- para llegar a acuerdos que
permitan la ratificación o renovación de los miembros de eseos
poderes, pero de lograrse, deberá ser a partir del 16 de agosto
próximo, cuando la Asamblea reanude el trabajo legislativo.
Lo más probable es que esas negociaciones continúen a pesar del
receso legislativo, en un escenario en el que la oposición teme
que los sandinistas consigan por sí solos los 56 votos
necesarios sin tener que hacer concesiones a otras fuerzas
políticas.
Panamá: Los
culpables de la crisis
El primer año de gobierno del presidente Ricardo Martinelli en
Panamá llegó seguido de un estallido social en la provincia de
Bocas del Toro, cuyas causas apuntan a medidas antipopulares del
ejecutivo.
Diez días de enfrentamientos entre obreros bananeros y unidades
antimotines terminaron con un saldo oficial de dos muertos y más
de un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones en la
vista debido a los perdigones utilizados por la policía.
Mientras, dirigentes del opositor Partido Revolucionario
Democrático (PRD) indicaron que sus cifras apuntan a seis
víctimas fatales, entre ellas tres menores.
Al intentar una explicación del conflicto, el gobierno mencionó
la participación de fuerzas ajenas al sector del banano que se
dedicaron a estimular a los trabajadores para lanzarlos a la
calle y crear tensiones en la ciudad de Changuinola.
Otro de los argumentos oficiales apunta precisamente al PRD,
para lo cual las autoridades se apoyan en una grabación de uno
de los líderes de ese colectivo donde supuestamente exhorta a
los manifestantes a mantenerse en las calles.
En sus intervenciones relacionadas con los hechos, Martinelli
también incluyó entre los responsables al Sindicato de
Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS).
Sin embargo, los principales reclamos de las organizaciones
sindicales buscan la derogación de la ley de aviación -también
llamada Ley 30-, sancionada por el ejecutivo hace unas semanas a
pesar del rechazo generalizado que encontró en la sociedad
panameña.
Para los analistas, esa normativa fue precisamente la causa
principal de la huelga en Bocas del Toro, si bien desde el
gobierno se señala que los cuestionamientos a la misma obedecen
a su escasa divulgación.
Presentada inicialmente como un instrumento a favor de la
actividad aeronáutica, la norma incluyó finalmente cambios a
tres códigos (Laboral, Penal y Judicial) y seis leyes orgánicas
del país.
Entre los puntos mas criticados esta la eliminación de la
obligatoriedad en el pago de la cuota sindical, unido a medidas
que atentan contra el derecho a huelga.
Asimismo, se retira el requisito de estudios de impacto
ambiental para aquellos proyectos que sean declarados de interés
del estado, entre otros aspectos.
El estallido en Changuinola llevó a un acuerdo entre el gobierno
y los obreros para la suspensión por 90 días de tres de los
artículos de la ley, sin que ello implique su eliminación.
Al respecto, Martinelli descartó cualquier posibilidad de
derogar la normativa, lo cual constituye la principal demanda de
los gremios sindicales, grupos ambientalistas, estudiantes e
indígenas, entre otros sectores.
